Dura reacción de la Iglesia por el fallo de la Corte sobre marihuana en Argentina

Buenos Aires, 26 Ago. 09 (AICA)

El responsable de la Comisión Nacional para la Pastoral de las Adicciones, monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, reclamó una política de Estado integral a la problemática de la drogadependencia, que contemple aspectos jurídicos, económicos, sanitarios, sociales y educativos, al advertir que el fallo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia puede tener una lectura “contradictoria y perjudicial”.

“Una cuestión tan compleja como ésta no se resuelve con una decisión de la Corte o con un marco legal, requiere una política integral”, subrayó en declaraciones a la prensa.

Tras insistir en que “hay que evitar todo lo que facilite el acceso y consumo por parte de los jóvenes”, aseguró que la Iglesia “no está de acuerdo con propuestas que impliquen aspectos parciales y no integrales para la atención del adicto”.

No obstante, aclaró que esa posición no implica "criminalizar" al adicto. "Para nosotros el adicto es un enfermo, no un criminal, y como tal no tiene que estar en la cárcel sino en el centro de salud, para ser atendido y contenido", precisó.

No más libertades al flagelo de la droga
En tanto, los obispos Francisco Polti, de Santiago del Estero, y Adolfo Uriona, de Añatuya, coincidieron en que no hay que darle más libertades al flagelo de la droga.

Monseñor Polti dijo, al diario El Liberal, que “hay que recordar lo que ha dicho en su momento el Santo Padre Juan Pablo II de que la droga es un mal y al mal no hay que concederle derechos, y de todas formas, en la actualidad, la Iglesia sigue teniendo este pensamiento”.

En tanto, monseñor Uriona consideró que el fallo “es como ir abriendo puertas a algo que hace mucho daño a nuestra sociedad”, y recordó que “Añatuya se encuentra en la ruta de la droga que viene del norte del país con destino a otras provincias, y a diario veo en nuestra diócesis los estragos que produce la droga entre nuestros jóvenes”.

“Me parece que la ley debe tener un fin pedagógico, hay que ayudar a las personas para que descubran el daño que está haciendo la drogadicción”, remarcó el obispo.

Por último, monseñor Polti remarcó el comunicado emitido ayer por el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, en el cual, si bien reconocen “buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto”, advierten que en el caso de las familias más vulnerables, la despenalización implica “dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud”.

“La dinámica misma de la adicción, lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella”, alertaron.

Texto completo del comunicado:
Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy, quienes integramos el Equipo de Sacerdotes para las Villas expresamos a continuación nuestra humilde opinión, que ratifica plenamente aquellas reflexiones que se hicieran públicas.

Nosotros somos respetuosos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Valoramos su autoridad. Además creemos en el valor de las instituciones para el crecimiento de nuestra Nación.

Por otro lado nuestra palabra sobre la despenalización no pretende ocupar el lugar que tiene la palabra de la Conferencia Episcopal Argentina sobre este tema.
Con espíritu de aportar al diálogo –ofreciendo el propio pensamiento y buscando integrar el pensamiento diferente- y no de confrontar, hicimos público nuestro documento: “La droga en las Villas: despenalizada de hecho”.

Queríamos defender a nuestros vecinos villeros -estigmatizados por tantas cosas-, afirmando que una cosa es la Villa y otra el narcotráfico. Y señalar que los primeros que sufren las consecuencias del narcotráfico son los habitantes de estos barrios humildes.

El Evangelio de Jesús nos invita a pararnos en las periferias geográficas y existenciales y desde allí mirar. Nos invita a entrar en comunión con los más pobres, y desde los pobres llegar a todos. Este camino desde los pobres a todos nos parece un programa más que valido a la hora de trazar políticas de Estado, a la hora de legislar y a la hora de juzgar.

Muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios no viven sino que sobreviven y muchas veces la oferta de la droga les llega antes que un ambiente dichoso y sano para jugar, llega antes que la escuela, o llega antes que un lugar para aprender un oficio y poder tener un trabajo digno. Se acortan así las posibilidades de darle un sentido positivo a la vida. “Hoy, fundamentalmente, en nuestra cultura la dignidad de la vida se juega en el eje inclusión-exclusión; comunión-aislamiento” (Carta pastoral de la CEA, del 20 de agosto del 2009. Nº 22)

No pretendemos que la responsabilidad frente a esta situación de desigualdad de oportunidades quede sólo en manos del Estado. La solidaridad es en primer lugar que todos nos sintamos responsables de todos. (Cf. CIV 38)

Nos preguntamos: ¿cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal? Nos parece que al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa, reiterativa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo de sustancias que dañan el organismo. La experiencia de acompañar a jóvenes en el camino de recuperación y reinserción social nos ha permitido escuchar el testimonio de muchos que han empezado consumiendo pequeña cantidad de marihuana y de pronto se encontraron consumiendo drogas más dañinas aun como el paco. La vida se les volvió ingobernable. Por eso desde nuestro punto de vista las drogas no dan libertad sino que esclavizan. La despenalización a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño.

Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una locura criminalizar la enfermedad. Pero intentemos pararnos nuevamente desde la perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia – que pide ayuda- con el Estado es la justicia. Despenalizar en estas condiciones, es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción, lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.

Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros.


Pedimos a la Virgen de Luján, Madre del Pueblo, que cuide y proteja a sus hijos que padecen el flagelo de la droga, de fuerzas a sus familias y luz a nuestra sociedad para generar vínculos de promoción y solidaridad.
Equipo de Sacerdotes para las Villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 2009.+